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La defensa del expresidente de Universidad de Chile cuestionó los fundamentos utilizados por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para decretar su prisión preventiva y aseguró que no existen antecedentes suficientes para justificar la medida cautelar.
El abogado Bernardo Rosenberg, defensor de Michael Clark, presentó un recurso de amparo contra la prisión preventiva que cumple el expresidente de Universidad de Chile y otrora máximo accionista de Azul Azul, solicitando que la medida sea reemplazada por arresto domiciliario.
En un documento de 30 páginas, la defensa sostiene que la resolución del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago no habría expresado de manera clara y precisa los antecedentes necesarios para justificar la privación de libertad.
Según el recurso, el tribunal argumentó que la libertad de Clark representaría un peligro para la seguridad de la sociedad y que su prisión preventiva sería necesaria para el éxito de la investigación. Sin embargo, la defensa cuestiona que ambas hipótesis hayan sido sustentadas con antecedentes concretos y verificables.
Rosenberg también apuntó contra uno de los elementos considerados para establecer un eventual peligro para la investigación: una conversación que Clark habría mantenido con un coimputado. La defensa sostiene que dicha comunicación ocurrió antes de la revocación de la licencia de Sartor AGF e incluso antes del inicio de la investigación del Ministerio Público, además de señalar que no existe una pericia que permita determinar objetivamente su finalidad.
En el recurso, el abogado también destacó una serie de antecedentes personales de su representado que, a su juicio, no fueron considerados al momento de decretar la prisión preventiva. Entre ellos menciona que Clark no registra antecedentes penales, tiene arraigo social y familiar, compareció voluntariamente ante la Fiscalía y entregó su pasaporte.
Asimismo, la defensa sostiene que el empresario puso sus dispositivos electrónicos y claves a disposición del Ministerio Público, autorizó el levantamiento de su secreto bancario y asistió voluntariamente a una audiencia en la que podía anticiparse la solicitud de prisión preventiva.
Los antecedentes del Caso Sartor
La investigación penal contra Michael Clark y otros ejecutivos se originó a partir de las alertas y sanciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) contra Sartor Administradora General de Fondos.
El regulador canceló el registro de Sartor AGF luego de detectar presuntas irregularidades relacionadas con la administración de fondos de inversión privados, desvío de recursos hacia empresas relacionadas y entrega de información falsa al mercado.
En este contexto, la Fiscalía Metropolitana Oriente formalizó a Clark y sus socios por delitos reiterados de estafa y administración desleal, además de cargos vinculados a la entrega de información falsa al mercado y presuntas infracciones a la Ley de Mercado de Valores y la Ley Única de Fondos.
Clark llegó a la presidencia de Azul Azul en 2021 mediante el fondo de inversión privado Tactical Sport, administrado por Sartor, que adquirió el paquete accionario mayoritario que anteriormente pertenecía a Carlos Heller.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago estableció un plazo de investigación de 120 días y mantuvo a Clark en prisión preventiva mientras se desarrollan las pericias contables y el análisis de los dispositivos electrónicos incautados.
Ahora, la defensa busca que el tribunal competente acoja el recurso de amparo y reemplace la prisión preventiva por una medida de arresto domiciliario.