La indagatoria busca esclarecer eventuales anomalías en operaciones realizadas por Azul Azul durante el período en que Sartor tuvo participación en la concesionaria que administra al club.
La investigación por el denominado caso Sartor sigue sumando capítulos y ahora alcanzó directamente a Universidad de Chile. La Fiscalía abrió una arista para indagar presuntas irregularidades en cuatro fichajes provenientes de Huachipato, operaciones que habrían generado dudas respecto a las condiciones económicas en que fueron concretadas.
Los nombres que están bajo la lupa son los de Gabriel Castellón, Ignacio Tapia, Israel Poblete y Jimmy Martínez, todos jugadores que dejaron el conjunto acerero para incorporarse al cuadro azul en distintas temporadas.
Según los antecedentes revelados por Reportajes T13, el Ministerio Público busca determinar si algunas de estas operaciones pudieron haberse realizado en condiciones perjudiciales para los intereses económicos de Universidad de Chile, favoreciendo eventualmente a terceros relacionados con Huachipato o con personas vinculadas a la estructura investigada en el caso Sartor.
Uno de los casos que más llamó la atención de los investigadores corresponde al de Ignacio Tapia. De acuerdo a los antecedentes recopilados, Azul Azul adquirió el 50 por ciento de su pase por cerca de 900 mil dólares en 2022, pese a que anteriormente el 100 por ciento de los derechos económicos del jugador habría sido ofrecido a la U por una cifra considerablemente menor.
Otra operación que genera cuestionamientos es la de Gabriel Castellón. Según declaraciones incorporadas a la investigación, Universidad de Chile habría desembolsado 1,1 millones de dólares por el 50 por ciento de su carta, monto que contrasta con cifras bastante menores que fueron informadas públicamente en su momento.
La Fiscalía también está revisando los antecedentes relacionados con los fichajes de Israel Poblete y Jimmy Martínez, transferencias que forman parte del mismo paquete de operaciones entre Huachipato y Universidad de Chile que hoy son objeto de análisis.
Esta nueva arista se suma a las diligencias que el Ministerio Público ha realizado durante las últimas semanas en torno a Azul Azul. En mayo pasado, efectivos de la PDI allanaron el Centro Deportivo Azul y diversas oficinas vinculadas al expresidente de la concesionaria, Michael Clark, en busca de documentación financiera y contractual relacionada con la investigación.
Además, recientemente la PDI acudió hasta la sede de la ANFP para recopilar antecedentes sobre ingresos, pagos y movimientos económicos relacionados con Azul Azul, con el objetivo de reconstruir el flujo de recursos asociados al caso Sartor.
Por ahora, no existen formalizados ni acusaciones concretas respecto de los fichajes investigados, mientras la Fiscalía continúa reuniendo antecedentes para determinar si existieron o no irregularidades en las operaciones.